¿Los Subsidios a los Combustibles Ayudan o Perjudican al Ecuador?

Durante décadas, Ecuador ha gastado miles de millones en mantener bajos los precios de la gasolina, el diésel y el gas doméstico. Las razones de estas medidas fueron inicialmente redistribuir las ganancias de las exportaciones de crudo durante el boom pretrolero manteniendo el precios de los combustibles artifialmente bajos. Luego, durante las crisis de los 80s, para evitar conmoción social, Ecuador decidió mantener los subsidios en lugar de removerlos. La justificación - primordialmente política - de los subsidios siempre ha sido ayudar a las familias a enfrentar el costo de la vida. Sin embargo, la realidad es más compleja, y los datos cuentan otra historia.

¿Quién se beneficia realmente?

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que la mayor parte del dinero destinado a los subsidios a los combustibles en Ecuador beneficia principalmente a los hogares más ricos. Por cada US $1,00 gastado en subsidios, los ecuatorianos más pobres reciben entre 4 y 14 centavos, mientras que los más ricos reciben entre 30 y 60 centavos (Jorgensen & Soria, 2017).

Incluso en el caso del gas licuado de petróleo (GLP), que utilizan muchos hogares de bajos ingresos, el beneficio no está bien focalizado. El sistema de subsidios ayuda un poco a todos, pero beneficia mucho más a los ricos.

El costo para el país

Los subsidios a los combustibles han representado alrededor del 7% del gasto público anual de Ecuador, equivalente a dos tercios del déficit fiscal en algunos años (Jorgensen & Soria, 2017). Ese dinero podría destinarse a educación, salud o seguridad. Además, los subsidios fomentan el uso excesivo de combustibles fósiles y hacen que la economía sea vulnerable a las variaciones del precio internacional del petróleo.

¿Por qué tiene sentido la reforma?

1. Alivio fiscal: Solo la eliminación del subsidio al diésel, anunciada en septiembre de 2025, permitirá ahorrar más de US $1.000 millones en 2026 (El Universo, 2025). Aunque la medida se centra únicamente en el diésel, demuestra el potencial de ampliar la reforma a la gasolina y al GLP con compensaciones justas y transparentes. Si esto se hiciera, los ahorros fiscales y los beneficios sociales se multiplicarían, permitiendo redirigir miles de millones hacia salud, educación y seguridad.

   
   

2. Mejor gasto social: Si una parte de esos ahorros se destinaría al Bono de Desarrollo Humano (BDH) o a transferencias directas, las familias más pobres podrían salir ganando. Un estudio estimó que, si Ecuador eliminara todos los subsidios energéticos y aumentara el BDH en US $46 mensuales, los hogares más pobres verían su ingreso neto aumentar en un 9%, y el déficit fiscal se reduciría en unos US $1.300 millones (Schaffitzel et al., 2020).

   
   

   Hoy el BDH es de US $55 mensuales, pero la inflación y el costo de vida han reducido su poder adquisitivo. El gobierno de Daniel Noboa ha prometido expandir los beneficios sociales y redirigir los ahorros de la eliminación del subsidio al diesel hacia programas de asistencia, pero aún no ha detallado cómo funcionarán las transferencias, quiénes serán beneficiarios ni cómo se entregarán los recursos.

   
   

3. Medio ambiente más limpio: La lógica aquí es directa: menor consumo de combustibles significa menor contaminación y emisiones de carbono. Sin embargo, es importante resaltar que en Ecuador, siendo un país de ingreso medio (la reducción de consumo esta vinculada a factores como ingresos, quiénes conducen vehículos, y alternativas viables de transporte o generación de energía) los beneficios para el medioambiente se verían en el mediano plazo.

   
   

4. Menos contrabando: Los precios más altos reducen el contrabando de combustibles y debilitan una de las fuentes de financiamiento de las redes criminales que lucran con el tráfico transfronterizo y el narcotráfico. Reducir esta fuga no solo ahorra dinero al Estado, sino que también limita el poder económico del crimen organizado en las zonas fronterizas y portuarias del país.

   
   

Riesgos y desafíos de la reforma

Aunque los argumentos económicos son sólidos, eliminar los subsidios a los combustibles es una medida social y políticamente delicada. Sin las medidas adecuadas, puede generar malestar, protestas e incluso retrocesos de política pública.

1. Inflación y mayores costos de vida: Cuando suben los precios de los combustibles, también aumentan los costos de transporte y alimentos. El BID estimó que eliminar los subsidios al GLP sin compensación podría reducir el bienestar de los hogares pobres hasta en un 5% (Jorgensen & Soria, 2017). Algo parecido podría ocurrir con los otros combustibles en el corto plazo. Para mitigar esto, se podrían implementar transferencias monetarias o vales de combustible para compensar el aumento del costo de vida. Ampliar el Bono de Desarrollo Humano o brindar asistencia focalizada también podría proteger a los hogares más vulnerables.

2. Protestas sociales y reacciones políticas: Ecuador ha vivido protestas importantes en 2019, 2021 y 2025, mostrando lo sensible que es el tema del precio del combustible. Como se menciona anteriormente, el gobierno de Noboa ha prometido programas de compensación, pero aún sin claridad sobre su alcance. Es fundamental reconocer que la protesta pacífica es un derecho democrático: los ciudadanos tienen motivos legítimos para expresar preocupación. Sin embargo, el caos y la violencia no son aceptables. La incertidumbre y el miedo deben enfrentarse con mayor transparencia, participación y comunicación clara. Una comunicación abierta y creíble también ayuda a evitar la manipulación de ciertos actores políticos o dirigentes indígenas que pueden aprovechar el descontento para obtener beneficios personales o partidarios. El Estado debe proteger el derecho a manifestarse y, al mismo tiempo, garantizar que las protestas legítimas no sean instrumentalizadas.

3. Impacto en sectores vulnerables: Transportistas, comunidades rurales y pequeños negocios enfrentan mayores costos antes de que lleguen las compensaciones. Para mitigar esos impactos, se podría proveer apoyo temporal, mantener subsidios parciales en zonas rurales y/u ofrecer asistencia transitoria para microempresas.

4. Polarización política: Las reformas pueden interpretarse como medidas impuestas o de austeridad. El goberno debería fomentar el diálogo inclusivo y garantizar la participación de sociedad civil y gobiernos locales como medida para mitigar estos impactos.

5. Desafíos administrativos: Reemplazar subsidios con transferencias requiere sistemas sólidos y datos precisos. Para mitigar esto, se podrían fortalecer los registros sociales, modernizar los pagos digitales y mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación.

El camino a seguir

Las reformas actuales son parte de un esfuerzo más amplio para estabilizar la economía. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha apoyado estas medidas y destaca la importancia de proteger a los grupos vulnerables. Para lograrlo, el gobierno debe demostrar que los ahorros realmente mejoran la vida de las personas y no solo equilibran las cuentas públicas.

Conclusión

Los subsidios a los combustibles pueden parecer útiles a corto plazo, pero son una forma costosa e ineficiente de combatir la pobreza. Ecuador tiene hoy la oportunidad de pasar de un modelo de “combustible barato para todos” a uno de “ayuda real para quienes más lo necesitan”.

El éxito dependerá de cómo se implemente la reforma y debe incluir gradualidad, transparencia y programas sociales bien diseñados. Hecha correctamente, puede liberar miles de millones para inversión social, fortalecer la economía, debilitar al crimen organizado y contribuir a un futuro más sostenible.

Referencias

• El Universo. (2025, 12 de septiembre). Gobierno elimina subsidio al diésel; ahorro proyectado supera los $1 000 millones.

• FMI. (2025, julio). Ecuador — Informe del Programa de Facilidad Extendida.

• Jorgensen, I., & Soria, L. (2017). Can Government Transfers Make Energy Subsidy Reform Socially Acceptable? BID.

• Schaffitzel, F., Sommer, M., Edenhofer, O., & Steckel, J. C. (2020). Distributional effects of energy subsidy reform: An analysis for Ecuador. Energy Policy, 139.